Luigi Ferrajoli, el discípulo más célebre de Norberto Bobbio y uno es de los principales teóricos del garantismo jurídico, trae en su nueva obra Por una Constitución de la Tierra una serie de propuestas para denunciar cómo la humanidad está en riesgo de extinción por la actividad irresponsable de los seres humanos. Debido a tal circunstancia se propone, retomando y ampliando el ideal kantiano desarrollado en Sobre la paz perpetua una Constitución global capaz de imponer límites y vínculos a los poderes de los estados y de los mercados. El libro se encuentra estructurado en tres secciones de cuatro capítulos cada una y una propuesta de texto de Constitución.

En la primera sección, “Catástrofes Globales”, el autor italiano afirma que la pandemia de coronavirus ha demostrado la necesidad de refundar el papel de la esfera pública en el gobierno de la economía, pues solo la sanidad pública ha podido garantizar la igualdad en el acceso del derecho a la salud. Se postulan cinco catástrofes globales: a) los desastres ecológicos; b) la producción y la tenencia de armas, especialmente las nucleares; c) las lesiones de las libertades fundamentales y de los derechos sociales, el hambre y las enfermedades no tratadas, aunque curables; d) la explotación ilimitada del trabajo; e) las migraciones masivas. Estas problemáticas se encuentran altamente vinculadas, por ejemplo, la situación migratoria se considera en parte consecuencia de las guerras y el cambio climático; así como el aumento de la pobreza derivado de la precarización de las relaciones laborales también se encuentra relacionado con problemas de identidad y racismo. Estas catástrofes no pueden ser consideradas como crímenes en el sentido penal, ya que no cumplen con los estrictos requisitos de legalidad y taxatividad. Sin embargo, se sostiene que estos crímenes de sistema no deben ser vistos simplemente como fenómenos naturales.

En la segunda sección “Límites del constitucionalismo” se afirma que las políticas nacionales no tienen capacidad de acción frente a dichas catástrofes no sólo por sus límites espaciales sino también por su limitación a políticas cortoplacistas motivadas por las contiendas electorales. La respuesta a las cinco catástrofes globales reside en un sistema de límites y vínculos normativos a los poderes globales, ampliando el paradigma constitucional rígido a las relaciones de mercado e internacionales. Ferrajoli afirma la necesidad de una redefinición tanto del concepto de ciudadanía como de la soberanía para que se logre garantizar los derechos humanos universales y el principio de la paz.

Se sostiene que las razones del fracaso de la ONU en preservar la paz consisten en la centralidad de la soberanía estatal y en la consiguiente ausencia de garantías a los derechos fundamentales, cosa que no sucede con los derechos patrimoniales ya que la garantía nace junto al crédito. Ferrajoli propone establecer garantías primarias consistentes en prohibiciones de lesión y en obligaciones de prestación correlativas a los derechos fundamentales (incluyendo los sociales) y la introducción de garantías secundarias, encargadas de la reparación jurisdiccional de las lesiones de las garantías primarias.

En la tercera sección “Por un constitucionalismo”, más allá del Estado se postula la necesidad de construir un constitucionalismo supranacional mediante la construcción de garantías idóneas, particularmente la prohibición de la guerra y el monopolio público de la fuerza militar en manos de la Federación de la Tierra. Dicha expansión del paradigma constitucional clásico encuentra sustento no solo en la introducción de las garantías primarias y secundarias antedichas, sino también en otras tres vertientes. En primer lugar, un constitucionalismo de mercados o del derecho privado mediante la introducción de un sistema adecuado de reglas frente a los incontrolables poderes de los mercados que evite el grave peligro de la primacía de la economía sobre la política. En segundo lugar, un constitucionalismo de los bienes fundamentales, agregado al de los derechos fundamentales, donde se reconozca el derecho a bienes vitales naturales, como el clima, el aire limpio y el agua potable y a bienes vitales artificiales, como los fármacos esenciales y garantizar la alimentación básica. Finalmente, un constitucionalismo de los bienes ilícitos, a efectos de generar la prohibición de los bienes mortíferos, como las armas, las emisiones de gases de efecto invernadero y los residuos tóxicos.

En el capítulo final, el autor vuelve a insistir respecto de la posibilidad de ampliar el paradigma constitucional como la única alternativa para evitar la extinción de nuestra especie. A pesar de la toma de conciencia cada vez mayor de las incipientes catástrofes, como el COVID, estas requieren respuestas institucionales comunes que superen los particularismos estatales.

Como conclusión corresponde destacar la importancia de establecer mecanismos para restringir los poderes reales, los cuales pueden tener una influencia aun superior que los poderes políticos de los Estados. Aun cuando haya ausencias notorias en la Constitución de la Tierra, como los pueblos originarios y los derechos de las mujeres, resultan destacables las advertencias de Ferrajoli de no incurrir en la falacia determinista de la naturalización de lo que sucede de hecho. A pesar de las críticas de las que es pasible este proyecto, resulta un notable intento de iniciar una discusión ya demasiado postergada.